Afirman que la ley «limitó la posibilidad de concretar negocios» y afectó la economía, porque el «dinero legítimamente generado pero no bancarizado» solo se puede utilizar en «montos mínimos».
La ley de inclusión financiera, «ha limitado la posibilidad de concretar negocios, acarreando con ello, reducción del mercado, menor trabajo para los operadores jurídicos, inmobiliarias, industria de la construcción, automotoras, entre otros», señala un comunicado divulgado el lunes por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu) y la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU).
En el texto difundido, explican que la problemática se debe a la obligatoriedad para la compraventa de inmuebles, muebles y automotores «por precios superiores aproximadamente a US$ 4.500». Este es el umbral marcado en la ley, que obliga a hacer los negocios por medios de pago electrónicos.
Las entidades que firmaron el comunicado respaldan la propuesta de no obligatoriedad incluida en el borrador de la ley de urgente consideración publicado en enero por el gobierno electo.
Allí se establece que “los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares, podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes, sin otras limitaciones” que las contenidas en la ley antilavado de 2017. Hoy día hay obligación de efectuar pagos por medios electrónicos en operaciones por montos superiores a 40.000 Unidades Indexadas (UI).
El colectivo de escribanos y las dos gremiales, dicen que el «dinero legítimamente generado pero no bancarizado queda absolutamente fuera de la posibilidad de utilizarse» ya que, «cualquier pago en efectivo», salvo los que se realizan por «montos mínimos, está prohibido». Esto «afecta el intercambio de bienes y servicios» y, por lo tanto, también a la «economía del país».
En cuanto a la «obligatoriedad de uso de determinados medios de pago», en referencia a los medios electrónicos, dice que «perjudica a todos los ahorristas». A su vez, «burocratiza a sectores de la población que no operaban con bancos», «personas que se ven obligadas a manejarse con claves y cajeros para utilizar su propio dinero o perder horas en trámites bancarios». Asimismo, agregan que estas personas se vuelven dependientes «del funcionamiento de cajeros y sistemas informáticos de los bancos».
Por último, las entidades aclaran que «no promueven la realización de negocios en efectivo (ni los criminaliza)» sino «el respeto de la libertad de cómo manejar el dinero legítimamente generado» y «la libre elección del medio de pago a emplear».